Si sumamos los golpes militares a las intervenciones federales hechas por gobiernos constitucionales, Santiago del Estero es la provincia con más interrupciones institucionales y políticas en la historia nacional. La falta de competitividad de la oposición frente a un oficialismo omnipotente junto a la falta de prácticas democráticas arraigadas en la región llevó a que la únicas formas de alternancia en el poder que los santiagueños conocimos en las últimas décadas se produjeron cuando el gobierno de turno era removido por una intervención de la nación. De un modo singular y escasamente democrático en 1993 y 2004 las intervenciones sirvieron para solucionar conflictos de poder que la clase política y el sistema institucional local no podían. Así se encaminó en 1993 un conflicto interno del PJ entre “juaristas” e “iturristas” y en 2004 se puso fin a un gobierno inmovilizado e incapaz de reaccionar ante una situación policial que involucraba a algunos de sus miembros. La participación popular en todo este tiempo estuvo simbólicamente presente precisamente en los dos puntos de inflexión de las crisis políticas. El “santiagueñazo” de diciembre de 1993 rompió con la imagen folclórica de la mansedumbre del habitante de estas tierras, cuando el incumplimiento salarial y la sanción de leyes de achicamiento del estado (“ley ómnibus”) desembocaron en movilizaciones violentas que terminaron en el incendio de las sedes de los tres poderes y de los domicilios de varios dirigentes políticos y aceleraron el desembarco de las autoridades nacionales. En 2003, el doble crimen de “La Dársena” movilizó a los ciudadanos en marchas del silencio semanales cada vez más numerosas frente a los ojos de un gobierno en descomposición incapaz de reaccionar ante la opinión pública local y nacional.
El sistema político provincial se ha mostrado estos años como una institución incapaz de enfrentar las crisis a través de los carriles republicanos y pasible de quebrarse en el proceso. Además de las interrupciones una causa profunda de la pobreza institucional es el lábil ordenamiento jurídico que se adapta a los requerimientos del gobierno de turno: así Santiago reformó su Constitución una notable cantidad de veces (en 1986, 1997, 2002 y 2005). El régimen electoral, por su parte, en estas décadas nos muestra sobrados ejemplos de cómo se puede manipular la normativa para favorecer a la clase gobernante. La improvisada “ley de lemas” de 1991 se sancionó un mes antes de la fecha de los comicios, e impidió que el candidato más votado (el radical José Zavalía) accediera a la gobernación habiendo obtenido 133 mil votos contra los 84 mil del segundo. La ley sirvió para zanjar artificialmente una interna peronista y proclamar como primer mandatario a Carlos Mujica. En la reforma constitucional de 1997, el juarismo, además de implementar la reelección, creó un sistema por el cual, más de la mitad de los diputados provinciales se elegían por “circunscripciones”, las que consistían en el agrupamiento arbitrario de departamentos en que el oficialismo era fuerte electoralmente con otros en los que era débil. En esa elección el oficialismo se aseguró los dos tercios del parlamento.
La Constitución de 2005 eliminó la ley de lemas y las circunscripciones, pero el sistema electoral rápidamente se deformó con la implementación de un sistema de “colectoras”, por el cual varias listas legislativas tenían un sólo candidato a gobernador (Zamora), práctica por la cual el oficialismo distribuía sus bancas en la Cámara, asegurando por ejemplo en 2009 el primer, segundo, tercer y cuarto lugar en las elecciones parlamentarias (Frente Cívico, Frente Compromiso Social, Corriente Renovadora y Frente Justicialista para la Victoria). Así se dio el fenómeno por el cual las “minorías” parlamentarias estaban constituidas por representantes del propio oficialismo. En la Provincia de Tucumán ocurre exactamente lo mismo con los famosos “acoples” que saltaron a la opinión pública nacional en los cuestionadísimos comicios que coronaron a Juan Manzur como gobernador de esa provincia en 2015.
Entre las múltiples explicaciones posibles de la raíz del autoritarismo enquistado en las prácticas políticas en Santiago del Estero seguramente aparecerá el culto al liderazgo carismático fundado en una sociedad paternalista, pero sobresale aún más la estructura económica centralizada en el aparato estatal como el principal elemento reproductor de las lógicas autoritarias. En las últimas décadas, aparecen asociaciones muy eficientes entre el poder político vertical y el poder económico, en una simbiosis casi perfecta. La provincia tiene como principal ingreso las partidas que recibe de la Nación y prácticamente reduce su actividad a administrar esos fondos (Santiago es la provincia con el menor producto bruto del país).
El Estado concentra así la mayor parte de la población económicamente activa, con centenas de miles de personas que dependen exclusivamente de la provincia (bajo la forma del empleo público, planes sociales, contratos de locación de servicios, subsidios discrecionales, etcétera). El poder económico, por su parte, está representado por un puñado de empresarios que se reservan los principales rubros del sector privado (construcción, servicios financieros, energía, seguros, hotelería, casinos, medios de comunicación, etcétera) y capitalizan los recursos asignados discrecionalmente por el Estado, los que retornan – entre otras formas – con aportes proselitistas que incluyen dinero, parque automotor y logística para el oficialismo en todas las elecciones. De esta forma, los ilimitados fondos con que cuenta el oficialismo para “hacer política” construyen el escenario ideal para mantener un aparato clientelar que las gestiones del zamorismo procuraron acrecentar de la mano del aumento de partidas nacionales, apuntalando aún más el régimen.
El régimen se profundiza
En la etapa que comienza con el primer gobierno de Gerardo Zamora en 2005, la estructura autoritaria y vertical ha crecido incluso a niveles inéditos. Zamora, radical devenido kirchnerista, eliminó el sistema binario que mantuvo el juarismo entre peronismo-radicalismo, en el cual se reservaba el gobierno provincial para los primeros y algunos municipios para los segundos, y erigió un espacio capaz de absorber a cualquier facción política con intenciones de ocupar espacios de poder.
A la permanente limitación de los derechos políticos, a través de forzadas reformas electorales e institucionales, se le suman la censura a la prensa y el ataque a la libertad de expresión. El control absoluto sobre los medios de comunicación hizo que desaparecieran de aquellos las secciones políticas o de discusión y que se bloqueara el acceso a los medios a los dirigentes opositores, reservándose gran parte del aparato mediático para la propaganda de los actos de gobierno. Los medios se concentran en sectores cercanos al gobiernos, como el Grupo Ick (El Liberal, Canal 7, Diario Panorama, Canal 14, TIC) y el Grupo Cantos (Nuevo Diario, LV11, Revista Cambio), secundados por los medios dependientes de Cable Express. Las voces opositoras, por el contrario, aparecen esporádicamente en publicaciones voluntaristas, representadas mayormente por sitios de internet (Visión Santiago, Última Hora, Arena Política, Código Rojo, Escrachalos, entre otros), pero siempre con limitados recursos y sujetos a permanentes ataques desde el aparato oficial, lo que hace difícil que se sostengan en el tiempo. Ocasionalmente aparecen coberturas de medios nacionales sobre noticias con la suficiente entidad para llamar la atención del país.
Más allá de los límites a la libertad de prensa, las manifestaciones populares fueron reprimidas por el gobierno con una violencia excesiva. Una protesta policial en 2006 terminó en un acuartelamiento y la aparición de grupos de choque oficialistas con la orden de incendiar la Jefatura. Ante los reclamos salariales de médicos del sistema público, en 2010, la guardia de infantería militarizó el Hospital Regional para controlar a los manifestantes. En 2016 reclamos de docentes de toda la provincia fueron reprimidos duramente y los dirigentes perseguidos policialmente. Además el gobierno desplegó las fuerzas de seguridad a lo largo y ancho de la provincia para evitar que los manifestantes llegaran al centro de la Capital.
En un esquema político como éste, los pesos y contrapesos republicanos entre los poderes del estado no pueden sino estar desbalanceados. En la Cámara de Diputados el oficialismo posee un bloque de 34 de los 40 legisladores, con un diseño constitucional y electoral que garantiza al ejecutivo la mayoría del cuerpo y donde los pocos diputados opositores están muy limitados en sus funciones.
El Poder Judicial reacciona inmediatamente ante los requerimientos del poder político. Así sucedió con los linchamientos político-mediáticos de Julio Alegre, el díscolo socio político de Zamora procesado en cinematográficos hechos de corrupción; la condena de Chabay Ruiz, uno de los últimos opositores con poder dentro de la provincia; el encarcelamiento de médicos por homicidio culposo durante las huelgas por mejoras salariales; la detención del periodista Juan Pablo Suárez por subir a las redes un video de los abusos policiales acusándolo de sedición y aplicándole la “ley antiterrorista”; el encubrimiento de casos como el salvaje asesinato del niño Marito Salto cuando comenzaron a aparecer involucrados dirigentes políticos, agentes de la policía y vínculos con el narcotráfico; entre muchos otros ejemplos.
Pero también los tribunales se mostraron útiles para manipular el texto de la Constitución provincial según la conveniencia del “hombre fuerte”. El caso más extremo se dio cuando un Juzgado Civil y Comercial habilitó a Zamora a perseguir un tercer mandato consecutivo aunque la carta magna prohibía expresamente esta posibilidad. La decisión judicial fue automáticamente confirmada por la Cámara de Apelaciones y por el Superior Tribunal de Justicia provincial. Prosperó hasta que la Corte Suprema de la Nación la frenó a tiempo en un fallo aleccionador. El golpe que sufrió la imagen de Gerardo Zamora a nivel nacional en ese momento fue tan grande que todo el aparato propagandístico tuvo que reaccionar para mostrar la fortaleza del gobernador. Lo hizo a través de solicitadas y noticias de apoyo, que incluían a gremios, comisiones directivas de clubes deportivos, e incluso a la Universidad Nacional.
Una política de obras
Ahora bien, así como el zamorismo fue exitoso en crear un aparato político que se muestra sin fisuras, también fue bendecido con cierta buena fortuna al gobernar en momentos históricos en que los fondos de la Nación eran cuantiosos. De esta forma el Frente Cívico construyó un discurso político basado casi exclusivamente en la obra pública. Las construcciones faraónicas en una de las zonas más pobres del país serán los grandes hitos que marquen estas gestiones, como el Autódromo de Termas de Río Hondo, el Aeropuerto en esa misma ciudad, las suntuosas torres inteligentes del complejo Juan Felipe Ibarra, el Tren al Desarrollo (que pareciera un remedo patético del “Monorriel” de Los Simpsons), el Centro de convenciones Forum, etcétera. Casi todas estas obras fueron impugnadas por serias denuncias de sobreprecios.
Pero, a pesar de los importantes recursos federales que recibe Santiago del Estero – muy favorecida con relación a otras provincias-, los pocos datos confiables arrojan resultados muy pobres en los principales indicadores sociales, manteniéndola entre las peores del país, siempre por debajo de la media nacional. Esta provincia tiene a la mitad de su población bajo la línea de pobreza (50,2% según el IPYPP y 51,1% según Evaluecon en 2014), descartando la última medición del INDEC kirchnerista que en 2013 daba la insólita cifra de 4,8% en mediciones manipuladas, o la increíble declaración de Gerardo Zamora que ese mismo año afirmó que no había más pobreza en Santiago que en la Ciudad de Buenos Aires (La Nación, 2/12/2013).
En 2010, según el Censo Nacional, el 24,8% de la población no tenía acceso al servicio de agua y más del 80% de los habitantes no tenía cloacas. La remuneración promedio de trabajadores formales del sector privado en Santiago es la más baja a nivel nacional, y el ingreso per cápita es el tercero más bajo. La provincia tiene el salario docente más bajo de Argentina (a septiembre de 2015), así como también es la que menos presupuesto invierte en educación, el 24,3% (CGECSE del Ministerio de Educación de la Nación, 2014).
Ésta es la provincia que menos invierte en primera infancia: $3.431 por niño (UNICEF, 2010), lo que se relaciona con elevados índices de mortalidad infantil, con un 11,5 cada mil niños nacidos, por encima del promedio nacional del 10,8 (UNICEF, 2013). Un indicador que nos permite medir el grado de vulnerabilidad de la población es el de la cantidad de personas cubiertas por la Asignación Universal por Hijo (AUH), que ubica a Santiago del Estero en el segundo lugar a nivel nacional: el 49,8% de los niños reciben la AUH.
Por más que el Frente Cívico y sus asociados reprodujeron algunos de los discursos basados en derechos y de “empoderamiento” que venían de la Nación, la realidad mostró que iban en sentido contrario. El estado obtiene en la provincia su consenso sobre la base de su rol activo en la prestación de servicios en términos de clientelismo o paternalismo (“de arriba hacia abajo”), antes que en términos de ciudadanía, derechos y obligaciones. Es entonces que la generosidad del líder debe agradecerse con pleitesía. Se dan así contradicciones por las cuales, a la vez, que se hacen millonarios gastos en construcciones de edificios destinados a la salud y educación, se hacen oídos sordos y se reprimen los reclamos de los propios actores en estas áreas. Es así que en el amplio espectro de acceso a derechos y libertades básicas el estado provincial se mostró profundamente conservador y antidemocrático, además de ineficiente en la administración de los recursos.
¿Existe el cambio?
El zamorismo perfeccionó el régimen autoritario, conservador y deshonesto, haciéndolo aún más cerrado y verticalista. El origen de estos gobiernos –tan característicos no sólo en Santiago sino en todo el norte del país- está formalmente en el voto popular, pero ¿hasta qué punto podemos seguir sosteniendo que éste es un régimen democrático cuando las elecciones se convierten en un mero despliegue de fuerza de un omnímodo aparato estatal que avanza indecentemente sobre los derechos y libertades de los ciudadanos?
Hay múltiples razones por las que podemos considerar que el sistema democrático en la provincia y el voto popular en Santiago del Estero se encuentran viciados: la obligatoriedad impuesta a empleados públicos de asistir a actos proselitistas y la presión explícita de votar al oficialismo; los fondos ilimitados y sin control para las campañas electorales; los aportes de las empresas privadas que viven exclusivamente de la discrecionalidad de la asignación de recursos que retornan en épocas de campaña; el monopolio del uso de los medios de comunicación por parte del oficialismo; la creación por parte del gobierno de partidos alternativos al Frente Cívico para captar votos que de otro modo irían a la oposición (como el “Frente Popular” que en 2013 aseguró al oficialismo la tercera banca de senadores); el ejército de autos oficiales y para-oficiales que le garantiza al gobierno para los días de elecciones produciéndose un acarreo masivo de personas a votar; la existencia de lugares en la provincia donde sólo están disponibles boletas oficialistas; el infame reparto de bolsas con alimentos a cambio de votos en el día de los comicios; la utilización de recursos de la provincia para colocar carteles y afiches en cada rincón de Santiago tapando inmediatamente cualquier aviso opositor; el control total por parte del gobierno de la Justicia Federal con competencia electoral; el manejo de grupos de choques reclutados de barras bravas de clubes de fútbol; y así la lista continúa largamente.
Santiago no será una dictadura, pero al mismo tiempo está muy lejos de ser una verdadera democracia.
