El esfuerzo del oficialismo por “lavarse las manos” del crimen de Marito llega en estas horas a límites insospechados. Tras las denuncias del exmagistrado Miguel Moreno, repentinamente la jueza Falco, sobre la que pesa una orden de investigación de la justicia federal tucumana por “prevaricato y abuso de autoridad”, decidió reactivar la causa y ordenar una serie de medidas tendientes a “embarrar la cancha” y salvar al poder político de su responsabilidad tanto en la muerte del niño como en la actividad del narcotráfico.
A seis meses del terrible homicidio y a casi cuatro meses desde que asumiera la causa, Falco ordena medidas y allanamientos en lugares donde, habiendo transcurrido tanto tiempo, es muy difícil hallar alguna prueba que pueda rescatarse para la investigación.
Ahora, instruida por el zamorismo, Falco también pretende desvincular a Sequeira y a diversos funcionarios del horrendo crimen, al poner en duda los testimonios de dos tabiqueros que aseguraron ver a Sequeira tomar a Marito de los brazos y forzarlo a ingresar en un Renault Clio el día de su desaparición.
Sucede que las comunicaciones telefónicas de Sequeira con distintos funcionarios, en especial con el Secretario de Seguridad, Marcelo Pato, probarían la conexión política con el narcotráfico y el asesinato del pequeño quimilense.
Asimismo, fuentes vinculadas a la causa indicaron que, en estas horas, a partir de las denuncias efectuadas por Moreno en la justicia federal, Sequeira se encontraba dispuesto a hablar y ventilar hechos que complicarían aún más a varios miembros del gabinete.
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